El Partido Acción Nacional (PAN) prepara una controversia constitucional para defender la reforma que permitiría a los morelenses decidir en 2027 si la gobernadora Margarita González Saravia continúa en el cargo. El recurso busca destrabar la declaratoria de constitucionalidad que el Congreso de Morelos no ha emitido, pese a que la oposición sostiene que la reforma ya cuenta con el respaldo de dos terceras partes de los ayuntamientos.
La reforma constitucional y la Ley de Revocación de Mandato fueron aprobadas por la 55 Legislatura el 30 de noviembre de 2022 y enviadas a los 36 municipios para su ratificación, pero esa legislatura concluyó sin completar el proceso. El 24 de junio de 2026, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos determinó que existía una omisión legislativa y ordenó al Congreso solicitar de nuevo el voto de los ayuntamientos y concluir el procedimiento.
Los votos en disputa
Según la oposición, el umbral de dos terceras partes que exige el artículo 147 de la Constitución de Morelos se alcanzó el 8 de octubre, cuando llegó el voto aprobatorio de Tlaquiltenango, el número 24. Sin embargo, entre el 9 y el 15 de octubre el Congreso recibió nuevas actas de cabildo, y diez municipios buscan cambiar su voto de positivo a negativo: Coatetelco, Hueyapan, Jantetelco, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetecala, Tlalnepantla, Tlaltizapán y Xoxocotla.
La bancada de Morena, con el respaldo de Nueva Alianza y el Partido Verde, se ha negado a incluir la declaratoria en el orden del día. Su coordinador, Rafael Reyes Reyes, ha condicionado el avance a que una autoridad judicial determine si los cabildos actuales pueden modificar los votos emitidos por administraciones anteriores. “Ni hay argucias ni tampoco hay instrucciones”, afirmó, y aseguró que su grupo está listo para reiniciar el procedimiento.
El PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PT exigen respetar los 24 votos recibidos. “La revocación de mandato no significa destituir automáticamente a una gobernante”, sostuvo el coordinador panista, Daniel Martínez Terrazas, quien atribuye el cambio de postura de los diez ayuntamientos a presiones políticas. “Los votos ya están, la Constitución es clara”, dijo la diputada priista Eleonor Martínez Gómez.
Acusaciones de presión
El dirigente estatal del PRI, Elíasib Polanco Saldívar, acusó que a los municipios que se retractaron “los amenazan con retirarles obra pública”, y señaló al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos. El funcionario lo negó: “Rechazamos cualquier señalamiento en el que se establezca la intervención de este Poder”.
La controversia constitucional se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve los conflictos entre poderes y órdenes de gobierno sobre la constitucionalidad de sus actos.