Las dependencias del Gobierno de Morelos y de los 36 ayuntamientos del estado deberán aceptar pagos con tarjeta, transferencia electrónica y código QR en sus trámites y servicios. Así lo establece la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y vigente desde el día siguiente en todo el país.
La ley obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a habilitar la infraestructura necesaria para recibir medios de pago electrónicos y digitales, informar a la población que están disponibles y adoptar medidas para resolver los casos en que no puedan aceptarse. No contempla recursos adicionales para ello, por lo que cada gobierno deberá cubrir los costos con su presupuesto aprobado. Las mismas obligaciones aplican a quienes se dedican al comercio de manera habitual y profesional.
El punto más relevante de la ley es que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores estratégicos y actividades en los que los pagos electrónicos serán el único medio permitido. La dependencia tiene 15 días hábiles a partir de la publicación para dar a conocer esa lista, así como las condiciones y plazos de transición para comercios y usuarios. Durante la discusión en el Senado, legisladores mencionaron a las gasolineras y las casetas de peaje como los primeros sectores en los que podría aplicarse la medida.
El efectivo no desaparece por completo: la ley prevé que, ante fallas técnicas o contingencias, los establecimientos puedan recibir dinero en efectivo o cheques.
La norma también reconoce la CURP Digital como mecanismo de identificación para contratar servicios financieros, sin eliminar las identificaciones oficiales vigentes, y otorga a los documentos del Expediente Digital Ciudadano los mismos efectos jurídicos que los físicos. Además, permite al Banco de México ampliar los niveles de las cuentas bancarias básicas y, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), emitir reglas para el cobro mediante códigos QR.
La ley surgió de una iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión en septiembre. La Cámara de Diputados la aprobó a principios de octubre con 330 votos a favor y 122 en contra en lo general, y el Senado la avaló sin cambios el 20 de octubre, con 73 votos a favor y 34 en contra.
Durante el debate, legisladores de Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI advirtieron que el costo de la digitalización podría recaer en consumidores y pequeños comercios, cuestionaron el margen de decisión que se otorga a Hacienda y señalaron las brechas de conectividad que persisten en el país. La senadora priista Claudia Anaya sostuvo que, aunque la exposición de motivos habla de una implementación gradual, ninguno de los artículos de la ley lo establece.
El gobierno federal, por su parte, ha defendido que los pagos mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y CoDi no generan comisiones ni para quien paga ni para el comercio que cobra, y que el registro digital de las ventas facilitará a los pequeños negocios el acceso al crédito.
El cambio enfrenta hábitos arraigados. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 85 por ciento de la población usa con más frecuencia el efectivo en compras menores a 500 pesos, y el 73 por ciento lo prefiere también para montos mayores.