Muerte de Oslo y Negrita llega a la Fiscalía; exigen investigar a funcionarios de Jiutepec

Activistas llevaron ante la Fiscalía el caso de Oslo y Negrita, dos perros comunitarios de CIVAC cuya muerte fue confirmada por el Ayuntamiento de Jiutepec.

Muerte de Oslo y Negrita llega a la Fiscalía; exigen investigar a funcionarios de Jiutepec

La muerte de Oslo y Negrita, dos perros comunitarios retirados de las calles de CIVAC por personal del Ayuntamiento de Jiutepec, llegó a la Fiscalía General del Estado de Morelos, donde activistas y organizaciones defensoras de animales presentaron denuncias para que se investiguen las circunstancias en las que murieron los ejemplares y se determinen posibles responsabilidades.

El caso comenzó el 10 de septiembre, cuando los animales fueron retirados de la vía pública. Vecinos que los cuidaban denunciaron posteriormente que desconocían su paradero, mientras la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem) solicitó formalmente al gobierno municipal un informe sobre el procedimiento aplicado.

La situación cambió el 18 de septiembre, cuando el secretario municipal Arturo Flores Solorio reconoció públicamente que ambos perros habían muerto el mismo día en que fueron retirados. De acuerdo con su declaración, a los animales se les aplicaron dos inyecciones y posteriormente fueron enterrados en un predio municipal ubicado en Lomas del Texcal.

Activistas buscan responsabilidades penales

Vanessa Perbellini, presidenta de la Coalición de Organizaciones Defensoras de Animales en Morelos, confirmó la presentación de denuncias ante la Fiscalía y solicitó también la intervención de Propaem para esclarecer el procedimiento seguido por servidores públicos municipales.

Activistas vinculados a Cuernavaca Ama a sus Animales también han exigido que se determine quién ordenó la muerte de Oslo y Negrita y qué servidores públicos participaron directamente.

Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha informado públicamente quién tomó la decisión de aplicar las inyecciones a los animales.

La investigación deberá establecer si las actuaciones de los funcionarios involucrados constituyen algún delito o responsabilidad administrativa. La presentación de las denuncias no implica que exista todavía responsabilidad penal determinada contra alguna persona.