Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Morelos mantuvieron este lunes 9 de noviembre la suspensión de labores, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) acordaron el fin de semana eliminar los efectos sancionatorios de la evaluación de desempeño que detonó la protesta. Las autoridades judiciales habían anunciado que los juzgados federales reanudarían actividades con normalidad este día.
El acuerdo, alcanzado con los comités ejecutivos nacionales de los sindicatos del PJF y firmado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, establece que la evaluación tendrá como único propósito fortalecer la eficiencia, la eficacia y la calidad en la impartición de justicia. Se derogan todas las referencias que podían interpretarse como facultad para imponer sanciones o separar del cargo a los trabajadores, se elimina la posibilidad de aplicar evaluaciones extraordinarias a petición de los titulares de los juzgados y se modifican los porcentajes asignados a los criterios con mayor carga subjetiva. También se instalarán mesas de trabajo permanentes.
Sin embargo, los cambios deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para tener efecto. Trabajadores de otras sedes, como los del Primer Circuito en la Ciudad de México, anunciaron que no levantarían la protesta hasta que eso ocurra. “Hacemos patente mantener el paro hasta la publicación del Diario Oficial de la Federación”, señalaron. “Nuestra estabilidad laboral no se negocia”.
Una evaluación con riesgo de despido
La protesta comenzó en Morelos el 5 de noviembre, cuando más de mil trabajadores del Décimo Octavo Circuito suspendieron labores, y al día siguiente se convirtió en un paro nacional con presencia en al menos 17 estados. El viernes 7, el personal de los juzgados federales marchó desde la sede del bulevar Del Lago, en la colonia Flores Magón de Cuernavaca, hasta la glorieta frente a Plaza Galerías, donde bloqueó por algunos minutos el acceso al Paso Exprés. Según los inconformes, más de mil expedientes quedan detenidos cada día que dura el paro.
El rechazo se centró en el acuerdo general del OAJ que regula la evaluación de alrededor de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, cuya permanencia dependería de un puntaje de 0 a 100. La primera aplicación estaba programada para el 1, 4, 8 y 15 de diciembre. Aunque el órgano sostuvo que esa ronda sería solo diagnóstica, los trabajadores advirtieron que las siguientes, cada dos años, podían derivar en despidos sin indemnización y depender de la relación con sus superiores.
“Si no le caes bien al jefe, bajo estos criterios de este examen podríamos ser despedidos”, dijo en Cuernavaca la trabajadora Gloria Teresa Hernández García. “No nos oponemos a las evaluaciones; de hecho, estamos acostumbrados a ellas”, aclararon sus compañeros.
Antes del acuerdo, Aguilar Ortiz se reunió con los sindicatos y sostuvo que “la evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF”. La evaluación forma parte de los cambios derivados de la reforma judicial; no incluye a jueces, magistrados ni al personal de la SCJN.