El Congreso del estado dio luz verde a una extensión del plazo para que los municipios concluyan la certificación obligatoria de su personal. La ampliación, que había vencido originalmente el 30 de junio, se extiende ahora hasta diciembre, lo que alivia la presión sobre administraciones locales que enfrentaban desafíos para cumplir el requisito.
La diputada Guillermina Maya Rendón, impulsora de la iniciativa, destacó la importancia de permitir a los servidores públicos completar su formación normativa sin comprometer su labor diaria. Esta prórroga, aprobada por unanimidad, se construyó a partir de mesas de trabajo en conjunto con el instituto encargado del desarrollo municipal.
La exigencia de obtener un certificado de competencias laborales no es menor: se trata de garantizar que los funcionarios de áreas clave, desde tesorería hasta seguridad pública, cuenten con habilidades validadas. Sin embargo, muchos ayuntamientos han enfrentado dificultades logísticas y de recursos para cumplir en tiempo.
Con la prórroga asegurada, ahora las administraciones contarán con una ventana más amplia para formalizar la certificación sin arriesgar la continuidad de su operación. El nuevo plazo, que se extiende hasta el fin del año, apunta a fortalecer la profesionalización mientras se mantiene la estabilidad en la gestión.
En términos de gobernabilidad, el movimiento da un respiro, pero también exige resultados. El reto para los municipios no se diluye: deberán aprovechar este tiempo para formar y certificar a su personal conforme a las normas legalmente establecidas.
