En un emotivo mensaje ante el Parlamento Juvenil del Congreso de Morelos, Aranza Reyes Ramos, hermana de César y Jorge Reyes —los jóvenes asesinados en el bar Casa Bacacho de Cuernavaca—, presentó una iniciativa ciudadana que busca transformar los protocolos de seguridad en establecimientos nocturnos. La propuesta, denominada “Ley Hermanos Reyes”, tiene como objetivo evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir en el estado.
Desde la tribuna del Salón de Plenos, Reyes Ramos recordó que sus hermanos eran “jóvenes llenos de sueños” que acudieron a un establecimiento que, aseguró, operaba fuera del horario permitido y sin las condiciones mínimas de seguridad. Enumeró la falta de cámaras, detectores de metales, botón de pánico, personal capacitado y protocolos básicos para prevenir situaciones de riesgo, además de permitir el acceso a personas armadas.
Señaló que estas omisiones no corresponden a un caso aislado, sino a un problema recurrente que afecta a jóvenes en Morelos y en diversas regiones del país. Por ello, presentó una serie de diez medidas obligatorias que considera fundamentales para garantizar espacios verdaderamente seguros y regulados.
Entre estas medidas destacan: la instalación de detectores de metales, cámaras de vigilancia con grabación mínima de 60 días, botón de pánico conectado a autoridades, verificación estricta de identificación al ingreso, control riguroso de aforo, contratación de personal de seguridad certificado, documentación completa del personal, dictamen vigente de Protección Civil, operativos sorpresa para revisar el cumplimiento de la ley y cancelación definitiva de la licencia en caso de homicidio dentro o fuera del establecimiento.
Reyes Ramos subrayó que la intención de su propuesta no es restringir el acceso a espacios de convivencia, sino garantizar que estos operen bajo estándares claros y verificables.
“La Ley Hermanos Reyes no es un documento legislativo; es un recordatorio de que las juventudes merecemos vivir sin miedo”, expresó al cerrar su intervención.
La iniciativa será turnada a análisis, y su presentación marca un llamado urgente a revisar la regulación vigente y a fortalecer los mecanismos de protección para la población joven en Morelos.
