Un grupo de aproximadamente 50 extrabajadores del Ayuntamiento de Jiutepec alza la voz por el retraso en la entrega de pensiones, jubilaciones y liquidaciones, que aseguran les adeuda la administración del alcalde Eder Rodríguez Casillas. A más de seis meses del inicio del mandato actual, quienes cuentan con laudos favorables siguen sin recibir lo que por ley les corresponde.
El caso más sonado es el de Ángel Eduardo Quintana Hernández, de 74 años, quien tiene una resolución favorable desde diciembre de 2024, y un laudo que le reconoce el derecho a recibir pensión. Pese a ello, la administración entrante no ha realizado el proceso en Cabildo ni publicado el nombramiento oficial, ignorando así los apercibimientos emitidos por la Junta Local de Conciliación.
En un giro controvertido, el Ayuntamiento reinstaló momentáneamente a Quintana Hernández como trabajador municipal durante tres quincenas, aparentemente como presión para que desistiera de su reclamo. Al negarse, fue despedido nuevamente sin obtener una respuesta favorable. En su testimonio, explica que vive sin seguridad social, lo cual agrava su situación económica y de salud.
Otro exempleado, Armando Jiménez Ramos, recibió solo la primera parte de su liquidación, correspondiente a la administración anterior. El segundo pago, programado para 2025, no se ha efectuado. Asegura que el consejero jurídico fue claro: la gestión no pagará, “haga lo que tenga que hacer”.
Entre los afectados hay ex policías y trabajadores administrativos cuya protesta no es reciente. En noviembre de 2024, algunos bloquearon calles y avenidas para demandar el pago de pensiones atrasadas. Aunque el cabildo de enero de este año inició un procedimiento para atender casi 207 casos pendientes, la situación no se ha resuelto.
Los jubilados acusan a la administración de Jiutepec de utilizar tácticas dilatorias y argumentar falta de recursos, aunque dichos compromisos ya están registrados en el presupuesto como pasivos. Consideran esto una violación grave a sus derechos laborales y exigen una solución pronta.
Por su parte, las autoridades municipales han evadido el tema o impugnado las multas derivadas de la omisión. Mientras tanto, los afectados anuncian que agotarán los procesos legales que correspondan y advierten con nuevas manifestaciones si no reciben una solución efectiva.
