El Congreso del Estado de Morelos aprobó tipificar la violencia institucional como delito autónomo dentro del Código Penal del Estado, con el objetivo de sancionar a servidores públicos que incurran en abuso de poder, discriminación u omisiones que vulneren los derechos de las mujeres en Morelos.
La reforma fue avalada durante la sesión legislativa del 11 de marzo, como parte de una estrategia para fortalecer el acceso a la justicia y combatir la impunidad en casos de violencia de género, problemática que ha sido señalada por organizaciones sociales y autoridades como un desafío persistente en la entidad.
La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, Melissa Montes de Oca Montoya, explicó que la modificación legal busca sancionar a personas servidoras públicas que, mediante abuso de poder, negligencia, discriminación u omisiones, vulneren la dignidad humana y los derechos fundamentales de las mujeres.
La nueva tipificación también contempla sanciones para funcionarios que retrasen, obstaculicen o manipulen de forma maliciosa la procuración o administración de justicia en casos relacionados con violencia de género, una práctica que históricamente ha dificultado el acceso a la justicia para las víctimas.
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso local, las penas para quienes incurran en violencia institucional podrán ir de tres a cinco años de prisión, además de multas de 500 a 800 días. Asimismo, en determinados casos se contempla la destitución del cargo público y la inhabilitación para ejercer funciones gubernamentales por un periodo de tres a seis años.
La legisladora destacó que con esta reforma se busca que la omisión o complicidad de autoridades ya no quede en la impunidad, estableciendo mecanismos legales más claros para sancionar conductas que afecten el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
Con esta modificación al marco jurídico estatal, el Congreso de Morelos pretende fortalecer la protección de los derechos humanos, la perspectiva de género en las instituciones públicas y el combate a la violencia institucional, consolidando herramientas legales para garantizar una respuesta efectiva del Estado frente a estas conductas.
