La administración municipal de Cuautla, encabezada por el alcalde Jesús Corona Damián, enfrenta un nuevo señalamiento por presuntas irregularidades financieras, luego de que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) anunció la entrega al Congreso del Estado de Morelos del informe de revisión correspondiente al Ayuntamiento.
El titular del órgano fiscalizador, José Blas Cuevas Díaz, informó que las observaciones derivan de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, periodos en los que se detectó un patrón reiterado de incumplimientos, al no solventarse diversas cuentas dentro de los plazos establecidos por la ley.
Ante el vencimiento de los tiempos en las etapas de investigación y sustanciación, la ESAF se encuentra en proceso de integrar una denuncia formal que será presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, por posibles faltas administrativas y financieras.
De acuerdo con el auditor, los montos observados superan los 300 millones de pesos en cada ejercicio fiscal, lo que podría representar un posible daño acumulado superior a los 900 millones de pesos. Cuevas Díaz calificó esta situación como grave, debido a la recurrencia de las irregularidades a lo largo de varios años.
Se estima que la denuncia pueda formalizarse en un plazo aproximado de 15 días, tras lo cual corresponderá a la autoridad ministerial determinar responsabilidades, posibles sanciones y acciones legales conforme al marco jurídico vigente.
Este señalamiento se suma al contexto complejo que enfrenta Cuautla, donde ciudadanos y sectores productivos han expresado preocupación por el deterioro de los servicios públicos, la percepción de inseguridad y la falta de resultados en áreas estratégicas, factores que incrementan la presión sobre la actual administración municipal.
En el mismo informe, la ESAF dio a conocer que también mantiene una investigación en el Ayuntamiento de Amacuzac, relacionada con la presunta compra de bebidas alcohólicas para festividades. Aunque el alcalde de ese municipio aseguró que el gasto se realizó con recursos propios, el órgano fiscalizador solicitó información patrimonial y fiscal para verificar el origen de los recursos. Las conclusiones preliminares podrían emitirse en aproximadamente un mes.
