El reciente paquete de reformas electorales impulsado por el Congreso de Morelos ha generado un amplio debate. Entre las modificaciones se encuentran la ampliación del número de diputaciones locales y la implementación de paridad de género en órganos municipales, lo que ha puesto en marcha discusiones y advertencias sobre impugnaciones.
Rafael Reyes, coordinador estatal de Morena, fue uno de los primeros en intervenir señalando que “partidos y colectivos están en su derecho de impugnar la reforma”, y confirmó que monitorean posibles recursos legales por parte de agrupaciones contrarias. Reyes enfatizó que la reforma busca consolidar mecanismos más equitativos en la representación política, aunque anticipan un litigio político por los cambios estructurales.
Algunos partidos y movimientos civiles han cuestionado el alza en las curules legislativas, argumentando que tendría un costo económico no justificado y complicaría el equilibrio de fuerzas al interior del Congreso local. También han cuestionado que la aplicación de la paridad en los ayuntamientos podría restringir la autonomía de ciertas agrupaciones locales.
La reforma incluye tres ejes principales:
- Aumento de diputaciones locales, con la intención declarada de hacer más representativa la Cámara, aunque aún sin definir el número exacto de nuevos cargos.
- Paridad de género en ayuntamientos, estableciendo la obligación de alternancia de hombres y mujeres en la integración de las planillas.
- Actualización normativa a favor de la equidad electoral, con ajustes en los procesos de registro y fiscalización de campañas.
Grupos civiles advirtieron sobre una posible saturación del sistema político y los costos asociados a mayor representación legislativa, tema que ya ha sido puesto sobre la mesa del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Además, la imposición de paridad en municipios pequeños ha generado debates sobre su viabilidad práctica.
De aprobarse sin modificaciones, las facciones políticas no alineadas con Morena se han mostrado dispuestas a presentar impugnaciones formales ante autoridades electorales locales. Reyes aseguró que están “evaluando cada uno de los artículos de la reforma para responder a eventuales demandas”.
Por su parte, promotores de la reforma aseguran que este esfuerzo busca fortalecer la inclusión y garantizar una democracia más igualitaria, con igualdad de género y mayor diversidad en la representación institucional. Sin embargo, el proceso se encuentra bajo la lupa y podría complicarse si se confirma que las impugnaciones se presentan de forma oficial.
