En el Congreso de Morelos se presentó una iniciativa para retirar la patria potestad a quien, ejerciéndola, reciba sentencia firme por abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes. La propuesta, impulsada por la diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López (Nueva Alianza), plantea modificar el artículo 247 del Código Familiar para que la patria potestad se suspenda de forma precautoria en cuanto se judicialice el caso y, una vez dictada sentencia condenatoria definitiva, se retire.
Desde tribuna, Rodríguez López subrayó el objetivo de cerrar brechas legales que hoy permiten prolongar procesos y revictimizar a la niñez. “La niñez no se toca, no se violenta, no se abandona. Con las niñas y los niños no, porque ellos son el presente y el futuro de nuestro país”, afirmó, al sostener que la reforma prioriza el interés superior de la niñez y alinea a Morelos con estándares nacionales e internacionales de protección.
La legisladora explicó que la medida incorpora un doble candado: primero, la suspensión precautoria de la patria potestad para proteger de inmediato a la víctima durante el proceso; segundo, la pérdida definitiva cuando exista sentencia firme por abuso sexual cometido por quien detenta ese derecho. “Las niñas y los niños no se tocan, no se violan, no se matan”, enfatizó.
Rodríguez López contextualizó la urgencia con datos estatales: 46 casos de abuso sexual infantil registrados por el DIF Morelos en 2024, cifra que, dijo, “representa historias de dolor, miedo y silencio”, y demanda respuestas legislativas claras y efectivas para cortar cualquier vínculo de poder del agresor sobre la víctima.
La propuesta recibió respaldo de distintas fuerzas políticas, con adhesiones de legisladoras y legisladores que coincidieron en la necesidad de dar certeza jurídica y evitar la revictimización. De aprobarse, Morelos se colocaría a la vanguardia en la defensa de los derechos de la infancia al tipificar explícitamente el abuso sexual como causal de pérdida de patria potestad.
El dictamen será turnado a comisiones para su análisis técnico y jurídico. El enfoque, adelantó la promovente, será proteger de inmediato a las víctimas, garantizar acompañamiento psicológico y legal, y asegurar que el vínculo jurídico de patria potestad no siga siendo un vector de control o violencia contra la niñez.
