La Unión Taxista Morelense ha solicitado formalmente a la Coordinación General de Movilidad y Transporte del estado una nueva prórroga para pagar el refrendo vehicular, cuyo plazo actual vence el 31 de julio de 2025 para taxis. A pesar de que ya se extendió dos meses desde mayo, muchos conductores aún no han cumplido con el trámite.
El representante de la agrupación, José Antonio Arizmendi Quintana, afirmó que solo alrededor del 40‑50 % de las unidades han iniciado el proceso. Explicó:
“No va a dar tiempo de sacar adelante todos los trámites… Queremos ver la posibilidad de que se haga una ampliación del plazo estipulado, para que nos den el espacio para terminar todo lo que está pendiente.”
El líder detalló que entre 12 000 y 14 000 taxis circulan en la zona centro de Morelos, pero hasta la fecha solo la mitad cuenta con regularización en curso. Además, destacó el costo del trámite de renovación de concesiones, alrededor de 7 000 pesos, lo cual representa una carga para muchos choferes que adquirieron sus permisos en 2014 y ahora enfrentan un valor comercial depreciado respecto a años anteriores.
Arizmendi también exigió al Gobierno del Estado considerar subsidios o reducciones en estos costos y pidió una reunión con la Secretaría de Hacienda para analizar apoyos específicos. Informó que la falta de recursos y de organización dificultan que los taxistas cumplan los requisitos en tiempo y forma.
Por su parte, las autoridades estatales han mostrado apertura hacia la solicitud. El coordinador de Movilidad, Jorge Alberto Barrera Toledo, ha manifestado que mantienen “diálogo permanente” con los taxistas y estudian el incremento de ventanillas para agilizar trámites, así como otras facilidades. Sin embargo, no se ha confirmado una nueva prórroga oficial.
Este tema ha derivado en protestas y bloqueos en puntos estratégicos de Cuernavaca: avenida Plan de Ayala, El Polvorín, Congreso local y Himno Nacional. Para los taxistas, el plazo vigente es insuficiente y las medidas aplicadas no han sido oportunas, lo que amplifica la presión social ante la posible imposición de multas o multas por no cumplir.
